Son los recursos que el gobierno destina a la producción y provisión de bienes y servicios públicos para la población y a la realización de obras de infraestructura e inversiones, con el fin de satisfacer necesidades colectivas. Asimismo, se utilizan para pagar rentas de la propiedad, ampliar o conservar la capacidad de producción de bienes y servicios públicos y dar cumplimiento a las políticas públicas.

Son los recursos destinados a las amortizaciones o pagos que se realizan para reducir la deuda pública, es decir, el pago o abono parcial realizado a los préstamos que el gobierno ha tomado en años anteriores. Asimismo, abarcan la compra de títulos, bonos o inversiones financieras que el gobierno realiza cuando sus ingresos son mayores a sus gastos, es decir cuando tiene un superávit.

La clasificación funcional agrupa los gastos de las instituciones públicas, dependiendo de la finalidad o destino que se tiene al realizarlo o de las necesidades de la población que se pretende satisfacer con el mismo.

Permite ver, por ejemplo, cuánto se gasta en educación, en salud, en seguridad ciudadana, protección social, en la protección del medioambiente, entre otros sectores.

La clasificación institucional distingue cuál es la institución pública responsable de realizar el gasto, ya sean el Poder Ejecutivo, compuesto por los Ministerios y sus dependencias; el Poder Legislativo, el Poder Judicial y Organismos Constitucionales, como la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, el Tribunal Superior Electoral, entre otras instituciones públicas del Gobierno Central, Instituciones Públicas Descentralizadas, Autónomas No Financieras y de la Seguridad Social.

La clasificación económica permite identificar la naturaleza económica de las transacciones de gasto que realiza el gobierno, al dividir los gastos en corrientes y de capital.

Los gastos corrientes son aquellos que facilitan el funcionamiento normal del gobierno (salarios, material gastable, ombustibles, pago de servicios, entre otros).

La clasificación por objeto del gasto o objetal permite especificar la naturaleza de los bienes y servicios que adquieren las instituciones públicas con el Presupuesto, así como las transferencias e inversiones que realizan.

En tal sentido, esta clasificación consiste en la forma más específica de registrar el gasto, al dividirlo en remuneraciones, contratación de servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes, transferencias de capital, muebles, inmuebles e intangibles, obras en edificaciones, adquisición.